Art. 1641.- Concepto. La transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio, o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas.
Art.
1642.- Caracteres y efectos. La transacción
produce los efectos de la cosa
juzgada sin necesidad de homologación
judicial. Es de interpretación restrictiva.
Comentario: Leer arts. 2241 y 2242; artículo 832; artículo 2251; artículo 2255; artículo 1776, artículo 1780; artículo 2547, artículo 2555 y artículo 2564.
Art.
1643.- Forma. La
transacción debe hacerse por escrito. Si recae sobre derechos litigiosos sólo
es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por
los interesados ante el juez en que tramita la causa. Mientras el instrumento
no sea presentado, las partes pueden desistir de ella. (*)
Comentario: (*) Véase los arts. 837 y 838, (Código Civil).
Art. 1644.- Prohibiciones. No puede transigirse sobre derechos en los que está comprometido el orden público, ni sobre derechos irrenunciables.
Tampoco pueden ser objeto de transacción los derechos sobre las relaciones de familia o el estado de las personas, excepto que se trate de derechos patrimoniales derivados de aquéllos, o de otros derechos sobre los que, expresamente, este Código admite pactar.
Art. 1645.- Nulidad de la obligación transada. Si la obligación transada adolece de un vicio que causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida. Si es de nulidad relativa, las partes conocen el vicio, y tratan sobre la nulidad, la transacción es válida.
Art. 1646.- Sujetos. No pueden hacer transacciones:
a) las
personas que no puedan enajenar el derecho respectivo;
b) los padres, tutores, o curadores respecto de las cuentas de su gestión, ni
siquiera con autorización judicial;
c) los albaceas, en cuanto a los derechos y obligaciones que confiere el
testamento, sin la autorización del juez de la sucesión.
Art. 1647.- Nulidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo 9 del Título IV del Libro Primero respecto de los actos jurídicos, la transacción es nula:
a) si alguna
de las partes invoca títulos total o parcialmente inexistentes, o ineficaces;
b) si, al celebrarla, una de las partes ignora que el derecho que transa tiene
otro título mejor;
c) si versa sobre un pleito ya resuelto por sentencia firme, siempre que la
parte que la impugna lo haya ignorado.
Art. 1648.- Errores aritméticos. Los errores aritméticos no obstan a la validez de la transacción, pero las partes tienen derecho a obtener la rectificación correspondiente.
Art. 1649.- Definición. Hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado en la que no se encuentre comprometido el orden público.
Art. 1650.- Forma. El acuerdo de arbitraje debe ser escrito y puede constar en una cláusula compromisoria incluida en un contrato o en un acuerdo independiente o en un estatuto o reglamento.
La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula compromisoria constituye contrato de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.
Art. 1651.- Controversias excluidas. Quedan excluidas del contrato de arbitraje las siguientes materias:
a) las que se
refieren al estado civil o la capacidad
de las personas;
b) las cuestiones de familia;
c) las vinculadas a derechos de usuarios y consumidores;
d) los contratos por adhesión cualquiera sea su objeto;
e) las derivadas de relaciones laborales.
Las disposiciones de este Código relativas al contrato de arbitraje no son aplicables a las controversias en que sean parte los Estados nacional o local.
Art.
1652.- Clases de arbitraje. Pueden someterse a la decisión de arbitradores
o amigables componedores, las cuestiones que pueden ser objeto del juicio de
árbitros. Si nada se estipula en el convenio arbitral acerca de si el arbitraje
es de derecho o de amigables componedores, o si no se autoriza expresamente a
los árbitros a decidir la controversia según equidad (*), se debe entender
que es de derecho.
Comentario: (*) Véase su sinónimo, ecuanimidad.
Art. 1653.- Autonomía. El contrato de arbitraje es independiente del contrato con el que se relaciona. La ineficacia de éste no obsta a la validez del contrato de arbitraje, por lo que los árbitros conservan su competencia, aun en caso de nulidad de aquél, para determinar los respectivos derechos de las partes y pronunciarse sobre sus pretensiones y alegaciones.
Art. 1654.- Competencia. Excepto estipulación en contrario, el contrato de arbitraje otorga a los árbitros la atribución para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia.
Art. 1655.- Dictado de medidas previas. Excepto estipulación en contrario, el contrato de arbitraje atribuye a los árbitros la facultad de adoptar, a pedido de cualquiera de las partes, las medidas cautelares que estimen necesarias respecto del objeto del litigio. Los árbitros pueden exigir caución suficiente al solicitante. La ejecución de las medidas cautelares y en su caso de las diligencias preliminares se debe hacer por el tribunal judicial. Las partes también pueden solicitar la adopción de estas medidas al juez, sin que ello se considere un incumplimiento del contrato de arbitraje ni una renuncia a la jurisdicción arbitral; tampoco excluye los poderes de los árbitros.
Las medidas previas adoptadas por los árbitros según lo establecido en el presente artículo pueden ser impugnadas judicialmente cuando violen derechos constitucionales o sean irrazonables.
Art. 1656.- Efectos. Revisión de los laudos arbitrales. El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado y excluye la competencia de los tribunales judiciales sobre las controversias sometidas a arbitraje, excepto que el tribunal arbitral no esté aun conociendo de la controversia, y el convenio parezca ser manifiestamente nulo o inaplicable.
En caso de duda ha de estarse a la mayor eficacia del contrato de arbitraje.
Los laudos arbitrales que se dicten en el marco de las disposiciones de este Capítulo pueden ser revisados ante la justicia competente por la materia y el territorio cuando se invoquen causales de nulidad, total o parcial, conforme con las disposiciones del presente Código. En el contrato de arbitraje no se puede renunciar a la impugnación judicial del laudo definitivo que fuera contrario al ordenamiento jurídico.
Art. 1657.- Arbitraje institucional. Las partes pueden encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a asociaciones civiles u otras entidades nacionales o extranjeras cuyos estatutos así lo prevean. Los reglamentos de arbitraje de las entidades administradoras rigen todo el proceso arbitral e integran el contrato de arbitraje.
Art. 1658.- Cláusulas facultativas. Se puede convenir:
a) la sede del
arbitraje;
b) el idioma en que se ha de desarrollar el procedimiento;
c) el procedimiento al que se han de ajustar los árbitros en sus actuaciones. A
falta de acuerdo, el tribunal arbitral puede dirigir el arbitraje del modo que
considere apropiado;
d) el plazo en que los árbitros deben pronunciar el laudo. Si no se ha pactado
el plazo, rige el que establezca el reglamento de la entidad administradora del
arbitraje, y en su defecto el que establezca el derecho de la sede;
e) la confidencialidad del arbitraje;
f) el modo en que se deben distribuir o soportar los costos del arbitraje.
Art. 1659.- Designación de los árbitros. El tribunal arbitral debe estar compuesto por uno o más árbitros en número impar. Si nada se estipula, los árbitros deben ser tres. Las partes pueden acordar libremente el procedimiento para el nombramiento del árbitro o los árbitros.
A falta de tal acuerdo:
a) en el
arbitraje con tres árbitros, cada parte nombra un árbitro y los dos árbitros
así designados nombran al tercero. Si una parte no nombra al árbitro dentro de
los treinta días de recibido el requerimiento de la otra parte para que lo
haga, o si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer
árbitro dentro de los treinta días contados desde su nombramiento, la designación
debe ser hecha, a petición de una de las partes, por la entidad administradora
del arbitraje o, en su defecto, por el tribunal judicial;
b) en el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de
acuerdo sobre la designación del árbitro, éste debe ser nombrado, a petición de
cualquiera de las partes, por la entidad administradora del arbitraje o, en su
defecto, por el tribunal judicial.
Cuando la controversia implica más de dos partes y éstas no pueden llegar a un acuerdo sobre la forma de constitución del tribunal arbitral, la entidad administradora del arbitraje, o en su defecto, el tribunal judicial debe designar al árbitro o los árbitros.
Art. 1660.- Calidades de los árbitros. Puede actuar como árbitro cualquier persona con plena capacidad civil. Las partes pueden estipular que los árbitros reúnan determinadas condiciones de nacionalidad, profesión o experiencia.
Art. 1661.- Nulidad. Es nula la cláusula que confiere a una parte una situación privilegiada en cuanto a la designación de los árbitros.
Art. 1662.- Obligaciones de los árbitros. El árbitro que acepta el cargo celebra un contrato con cada una de las partes y se obliga a:
a) revelar
cualquier circunstancia previa a la aceptación o que surja con posterioridad
que pueda afectar su independencia e imparcialidad;
b) permanecer en el tribunal arbitral hasta la terminación del arbitraje,
excepto que justifique la existencia de un impedimento o una causa legítima de
renuncia;
c) respetar la confidencialidad del procedimiento;
d) disponer de tiempo suficiente para atender diligentemente el arbitraje;
e) participar personalmente de las audiencias;
f) deliberar con los demás árbitros;
g) dictar el laudo motivado y en el plazo establecido.
En todos los casos los árbitros deben garantizar la igualdad de las partes y el principio del debate contradictorio, así como que se dé a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos.
Art. 1663.- Recusación de los árbitros. Los árbitros pueden ser recusados por las mismas razones que los jueces de acuerdo al derecho de la sede del arbitraje. La recusación es resuelta por la entidad administradora del arbitraje o, en su defecto, por el tribunal judicial. Las partes pueden convenir que la recusación sea resuelta por los otros árbitros.
Art. 1664.- Retribución de los árbitros. Las partes y los árbitros pueden pactar los honorarios de éstos o el modo de determinarlos. Si no lo hicieran, la regulación se hace por el tribunal judicial de acuerdo a las reglas locales aplicables a la actividad extrajudicial de los abogados.
Art.
1665.-
Extinción de la competencia de los árbitros. La competencia atribuida a los
árbitros por el contrato de arbitraje se extingue con el dictado del laudo
definitivo, excepto para el dictado de resoluciones aclaratorias o
complementarias conforme a lo que las partes hayan estipulado o a las
previsiones del derecho de la sede.
Art. 347. - Sólo se admitirán como previas las siguientes excepciones:
1) Incompetencia.
2) Falta de personería en el demandante, en el demandado o sus representantes, por carecer capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente.
3) Falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado, cuando fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia definitiva.
4) Litispendencia.
5) Defecto legal en el modo de proponer la demanda.
6) Cosa juzgada. Para que sea procedente esta excepción, el examen integral de las DOS (2) contiendas debe demostrar que se trata del mismo asunto sometido a decisión judicial, o que por existir continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o la pretensión deducida en el nuevo juicio que se promueve.
7) Transacción, conciliación y desistimiento del derecho.
8) Las defensas temporarias que se consagran en las leyes generales, tales como el beneficio de inventario o el de excusión, o las previstas en los artículos 2486 y 3357 del Código Civil.
La existencia
de cosa juzgada o de
litispendencia podrá ser declarada de oficio, en cualquier estado de la causa.
Art. 544. - Las únicas excepciones
admisibles en el juicio ejecutivo son:
1)
Incompetencia.
2) Falta de
personería en el ejecutante, en el ejecutado o en sus representantes, por
carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente.
3)
Litispendencia en otro juzgado o tribunal competente.
4) Falsedad o
inhabilidad de título con que se pide la ejecución. La primera podrá fundarse
únicamente en la adulteración del documento; la segunda se limitará a las
formas extrínsecas del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la
causa. El reconocimiento expreso de la firma no impide la admisibilidad de la
excepción de falsedad fundada en la adulteración del documento.
Estas
excepciones son inadmisibles si no se ha negado la existencia de la deuda.
5)
Prescripción.
6) Pago
documentado, total o parcial.
7)
Compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada
ejecución.
8) Quita,
espera, remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso documentado.
9) Cosa
juzgada.
Art. 347.- Requisito de admisión. No se dará curso a las excepciones:
1°) Si
la de incompetencia lo fuere por razón de distinta nacionalidad y no se
acompañare el documento que acredite la del oponente; si lo fuere por distinta
vecindad y no se presentare la libreta o partida que justificare la ciudadanía
argentina del oponente; si lo fuere por haberse fijado de común acuerdo por las
partes el juez competente, cuando ello es admisible, y no se hubiere presentado
el documento correspondiente.
2°) Si la de
litispendencia no fuere acompañada del testimonio del escrito de demanda del
juicio pendiente.
3°) Si la de
cosa juzgada no se presentare con el testimonio de la sentencia respectiva.
4°) Si las de
transacción, conciliación y desistimiento del derecho no fueren acompañadas de
los instrumentos o testimonios que las acrediten.
En los
supuestos de los incisos 2), 3) y 4), podrá suplirse la presentación del
testimonio si se solicitare la remisión del expediente con indicación del
juzgado y secretaría donde tramita.
Art. 551.- Juicio ordinario posterior. Cualquiera fuere la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el ordinario, una vez cumplidas las condenas impuestas en aquéllas.
Toda defensa o excepción que por la ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo podrá hacerse valer en el ordinario.
No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante, en cuanto a las que se hubiese allanado.
Tampoco se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de la ejecución.
Cosa juzgada significa, en general, la irrevocabilidad que adquieran los efectos de la sentencia cuando contra ella no procede ningún recurso que permita modificarla. No constituye, pues, un efecto de la sentencia, sino una cualidad que se agrega a ella para aumentar su estabilidad y que igualmente vale para todos los posibles efectos que produzca (Liebman).
De lo dicho se sigue que la cosa juzgada
supone, fundamentalmente, la inimpugnabilidad de la
sentencia, o, lo que es lo mismo, la preclusión de los recursos que procedan
contra ella (tanto por no haberse deducido cuanto por haberse consumado la
facultad de deducirlos).
Al operarse tal preclusión, que obsta al
ataque directo de la sentencia, se dice que esta adquiere autoridad de cosa
juzgada en sentido formal.
Cuando en cambio la sentencia, aparte de
ser insusceptible de ese ataque directo mediante la
interposición de un recurso, también los es de ataque indirecto a través de la
apertura de un nuevo proceso que verse sobre la misma materia, se dice que
aquella goza de autoridad de cosa juzgada en sentido material.
Existe, pues, cosa juzgada en sentido
formal, cuando no obstante ser inimpugnable la sentencia dentro del proceso en
el cual se dictó existe la posibilidad de rever lo resuelto por ella en un
proceso posterior. Tal lo que ocurre, v. g., en el juicio ejecutivo, en el cual
cualquiera haya sido el contenido de la sentencia, queda a salvo al vencido el
derecho de promover un proceso de conocimiento tendiente a obtener su
modificación; y, en general, en los procesos sumarios propiamente dichos
(alimentos, interdictos).
Existe cosa juzgada en sentido
material cuando, a la irrecurribilidad de la
sentencia, se agrega la imposibilidad de que en cualquier circunstancia y en
cualquier otro proceso se juzgue de un modo contrario a lo decidido por
aquélla. Como señala Rosenberg,
la cosa juzgada en sentido material comporta la normatividad del contenido de
la sentencia; es decir, de la afirmación de la existencia o inexistencia de la
consecuencia jurídica pretendida por una de las partes y expresada por el
fallo, para todo procedimiento en que se cuestione la misma consecuencia
jurídica. De lo expuesto se desprende, asimismo, que la cosa juzgada en sentido
sustancial presupone la cosa juzgada formal; y que esta última, por
consiguiente, puede existir con independencia de la primera.
A fin de asegurar la inmodificabilidad
que es propia de la cosa juzgada en sentido material, la ley acuerda la llamada
excepción de cosa
juzgada.
Se ha decidido, no obstante, con acierto a
nuestro juicio, que en mérito a la esencial consideración de orden
público a que responde la autoridad de la cosa
juzgada, cual es la de preservar el orden y la
paz, evitando que los debates judiciales se renueven indefinidamente, aquella
puede ser invocada de oficio por los jueces. Para que una decisión judicial
adquiera autoridad de cosa juzgada, es necesario que se haya dictado en un
proceso contradictorio y con carácter final.
De ahí que no sean susceptibles de
adquirir aquella calidad los pronunciamientos dictados en los procesos de
jurisdicción voluntaria.
Se ha decidido, asimismo, que aun tratándose de procesos contenciosos, no cabe invocar
la defensa de cosa juzgada, sobre la base de lo decidido en un proceso anterior
tramitado en rebeldía de una de las partes, porque en tal caso la rebeldía
adquiere proporciones desmesuradas e injustas, incompatibles con la garantía
constitucional de la defensa en juicio.
Tampoco adquieren autoridad de cosa
juzgada las sentencias interlocutorias, pues estas solo producen preclusión
acerca de las cuestiones procesales sobre que versan, y carecen de efectos
extraprocesales.
Del Diccionario Abeledo-Perrot - El Derecho en CD.
Art. 832.- La transacción es un acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas.
Nota al 832: Aubry y Rau, § 418; Véase L. 54,Tít. 14, Part. 5ª; L. 38,Tít. 4, Lib. 2, Cód. Romano; L. 1,Tít.15,Lib. 2, Digesto; Cód. Francés, artículo 2044; de Luisiana, artículo 3038; Sardo, 2083; Holandés 1888; Austríaco 1380. Las disposiciones de los códigos de Austria y de Prusia sobre la necesidad de concesiones recíprocas y de derechos contestados, confirman la definición que damos. El primero de estos códigos, artículo 1381, dice: "La remisión de un derecho litigioso o dudoso hecha al obligado constituye una donación" (*). El de Prusia, artículo 408, dice: "Las transacciones sobre derechos no contestados, serán miradas como una renuncia" (**). La ley citada del Código Romano declara también: "Transactio, nullo dato vel retento seu promisso, minime procedit".
Comentario: (*) El artículo citado del Código de Austria remite, a su vez, al artículo 939 del mismo. (**) Lo que transcribe Vélez Sársfield, no es texto del Cód. Prusiano, sino un resumen que, Goyena, hace de los arts. 408 al 410.
Jurisprudencia: "Dos elementos son los necesarios para que -según el concepto legal- se configure la transacción: la existencia de una incertidumbre (obligaciones litigiosas o dudosas), y que medien concesiones recíprocas de ambas partes; ello sin perjuicio, desde luego, del consentimiento o acuerdo de partes y de que éstas sean capaces".
"La transacción, es un acto jurídico bilateral y patrimonial que tiene por fin extinguir y modificar obligaciones litigiosas de las partes, un verdadero contrato que creado al dictado de las recíprocas renuncias y concesiones que las partes se hacen de sus antiguas posturas litigiosas, sirve para poner fin al litigio, arrojando certeza de una vez sobre la situación conflictiva y fijando su solución a la cual se le confiere eficacia ejecutiva. Ello supone pues, que tanto se efectúe durante la tramitación del proceso como antes de él, requiere que se presenten al juez de la causa para su homologación"
Art. 833.- Son aplicables a las transacciones todas las disposiciones sobre los contratos respecto a la capacidad de contratar, al objeto, modo, forma, prueba y nulidad de los contratos, con las excepciones y modificaciones contenidas en este título.
Art. 834.- Las diferentes cláusulas de una transacción son indivisibles, y cualquiera de ellas que fuese nula, o que se anulase, deja sin efecto todo el acto de la transacción.
Nota al 834: Aubry y Rau, § 421; Merlin, Verb. Trans., § 5, n° 3; Troplong, Transact., n° 133.
Art. 835.- Las transacciones deben interpretarse estrictamente. No reglan sino las diferencias respecto de las cuales los contratantes han tenido en realidad intención de transigir, sea que esta intención resulte explícitamente de los términos de que se han servido, sea que se reconozca como una consecuencia necesaria de lo que se halle expreso.
Nota al 835: L. 9,Tít. 15, Lib. 2, Digesto; Cód. Francés, arts. 2048 y 2049; Sardo, 2088; Holandés, 1892; de Luisiana, artículo 3040; Aubry y Rau, § 421; Zachariæ, § 768; Merlin, Rép. Verb. Transact., § 4.
Art. 836.- Por la transacción no se transmiten, sino que se declaran o reconocen derechos que hacen el objeto de las diferencias sobre que ella interviene. La declaración o reconocimiento de esos derechos no obliga al que la hace a garantirlos, ni le impone responsabilidad alguna en caso de evicción, ni forma un título propio en que fundar la prescripción.
Nota al
836: L. 33,Tít. 4, Lib. 2, C. Romano; Aubry y Rau § 421; Pothier, De la Vente
n° 647; Troplong,
Trans.
n°s. 7 a 10;
Comentario: Ver a Goyena, que trata el tema de la evicción.
Troplong cita el adagio "qui transigit alienat",
base del artículo 2045 originado, para Deschamps, en la L. 4, Tít. 71, Lib. 5, Cód. Romano, y la L. 1, § 9,Tít. 5, Lib. 38, Digesto;
Deschamps,
refiere “D’Argentré disait: alienare
videtur qui de re immobili transigit rem dimittendo”,
como Honoré
Tessier y Troplong, citando su artículo 419, glosa 2, n° 12;
Pero, D’Argentré, no dice “allienare videtur”, en la glosa 2, n°12, sino, en la glosa 2, n° 7; cita, también, a Antoine Favre.
Art. 837.- La validez de las transacciones no está sujeta a la observancia de formalidades extrínsecas; pero las pruebas de ellas están subordinadas a las disposiciones sobre las pruebas de los contratos.
Art. 838.- Si la transacción versare sobre derechos ya litigiosos no se podrá hacer válidamente sino presentándola al juez de la causa, firmado por los interesados. Antes que las partes se presenten al juez exponiendo la transacción que hubiesen hecho, o antes que acompañen la escritura en que ella conste, la transacción no se tendrá por concluida, y los interesados podrán desistir de ella.
Art. 839. No se puede transigir a nombre de otra persona sino con su poder especial, con indicación de los derechos u obligaciones sobre que debe versar la transacción, o cuando el poder facultare expresamente para todos los actos que el poderdante pudiera celebrar, incluso el de transar.
Nota al 839: L. 19,Tít. 5, Part. 3ª; y véase Cód. Francés, artículo 1988; Sardo, 2021; Holandés, 1833.
Art. 840. No puede transigir el que no puede disponer de los objetos que se abandonan en todo o en parte.
Nota al 840: Aunque la transacción sea más bien, como se ha establecido, un reconocimiento que una traslación de la propiedad en cuanto ella tiene principalmente por objeto reconocer un derecho preexistente, más bien que crear un derecho que no existe; sin embargo, como por ella se hace el abandono de una pretensión o de un derecho que se creía tener, importa por esto una disposición o una enajenación de este derecho. En este sentido únicamente es que se dice que el que transige, enajena, y que transigir es enajenar. Véase Zachariæ, § 767, nota 2; Aubry y Rau, § 420; Troplong, n°s. 7 y sigts.
Art. 841. No pueden hacer transacciones:
1º Los agentes
del ministerio público, tanto nacionales como provinciales, ni los procuradores
de las municipalidades;
2º Los colectores o empleados fiscales de cualquier denominación en todo lo que
respecta a las rentas públicas;
3º Los representantes o agentes de personas jurídicas, en cuanto a los derechos
y obligaciones de esas personas, si para la transacción no fuesen legalmente
autorizados;
4º Los albaceas, en cuanto a los derechos y obligaciones de la testamentaría,
sin autorización del juez competente, con previa audiencia de los interesados;
5º Los tutores con los pupilos que se emanciparen, en cuanto a las cuentas de
la tutela, aunque fuesen autorizados por el juez;
6º Los tutores y curadores en cuanto a los derechos de los menores e incapaces,
si no fuesen autorizados por el juez, con audiencia del ministerio de menores;
7º Los menores emancipados.
Art. 842. La acción civil sobre indemnización del daño causado por un delito puede ser objeto de las transacciones; pero no la acción para acusar y pedir el castigo de los delitos, sea por la parte ofendida, sea por el ministerio público.
Nota al 842: Cód. Francés, artículo 2046; Sardo, 2085; Holandés, 1890. Véase L. 22,Tít. 1, Part. 7ª; L. 18,Tít. 4, Lib. 2, Cód. Romano. La ley citada de Partida y también las Leyes Romanas, no permiten la transacción sobre el delito de adulterio, aunque sólo el marido y la mujer pueden acusar ese delito. Es decir, el marido y la mujer pueden perdonar el delito y la pena: pero si se presentase una acción en juicio sobre la ejecución de una transacción hecha por el marido o la mujer, el juez no podría admitirla. Creemos no ser necesario poner una disposición expresa sobre la materia, porque tal transacción sería ella misma un delito, un acto contra la moral y buenas costumbres.
Art. 843. No se puede transigir sobre cuestiones de validez o nulidad de matrimonio, a no ser que la transacción sea a favor del matrimonio.
Nota al 843: La L. 24,Tít. 4, Part. 3ª, no permite poner en árbitros tales cuestiones. Los códigos extranjeros guardan silencio sobre la materia. Sólo el de Austria dice: hay casos dudosos que la ley prohíbe reglar por transacción, tales son las contestaciones que nacen entre los esposos sobre la validez de su matrimonio. Creemos que el silencio de los otros códigos es porque el caso se halla comprendido en las disposiciones expresas en ellos, prohibiendo las transacciones sobre el estado de las personas.
Art. 844. Las cosas que están fuera del comercio, y los derechos que no son susceptibles de ser materia de una convención, no pueden ser objeto de las transacciones.
Art. 845. No se puede transigir sobre contestaciones relativas a la patria potestad, o a la autoridad del marido, ni sobre el propio estado de familia, ni sobre el derecho a reclamar el estado que corresponda a las personas, sea por filiación natural, sea por filiación legítima.
Nota al 845: Zachariæ, § 767, nota 3 en el § 377; Aubry y Rau, § 420.
Art. 846. La transacción es permitida sobre intereses puramente pecuniarios subordinados al estado de una persona, aunque éste sea contestado, con tal que al mismo tiempo la transacción no verse sobre el estado de ella.
Nota al 846: Aubry y Rau, § 420; Merlin, Répert. verb. Trans., § 2, n° 5; Troplong, Trans., n° 64.
Art. 847. Si la transacción fuese simultánea sobre los intereses pecuniarios y sobre el estado de la persona, será de ningún valor, háyase dado un solo precio, o una sola cosa, o bien un precio y una cosa distinta por la renuncia del estado, y por el abandono de los derechos pecuniarios.
Nota al 847: Porque las cláusulas de una transacción son indivisibles. Véase a Troplong, n° 68.
Art. 848. No puede haber transacción sobre los derechos eventuales a una sucesión, ni sobre la sucesión de una persona viva.
Nota al 848: Sobre ambas cosas no podría haber derechos contestados, a menos de tratarse de derechos de familia como antecedentes para el derecho de heredar. Las convenciones que a ese respecto se hicieran, serían sólo actos aleatorios. Véase Zachariæ, § 767 y Aubry y Rau, § 420.
Art. 849. En todos los demás casos se puede transigir sobre toda clase de derechos, cualquiera que sea su especie y naturaleza, y aunque estuviesen subordinados a una condición.
Nota al
849: Aubry y Rau, § 420. Por no separarnos de todos los
códigos publicados y de la doctrina de todos los escritores de derecho, quedó
establecido en el artículo
374 que no se podía transigir sobre la obligación de alimentos, aunque
verdaderamente nuestra opinión es guardar en este punto el silencio que guardan
las Leyes de Partida: es decir, que se pudiesen transar las cuestiones sobre
alimentos. Los menores de edad estaban salvados con el artículo
841, n° 6; a los mayores con capacidad
de derecho, debía dejárseles la libertad de disponer de los suyos, porque, como
antes lo hemos dicho, las leyes no pueden ni deben procurar contener la
prodigalidad de los mayores de edad. Esto objeto es el que han tenidos las
leyes y los autores para prohibir las transacciones sobre alimentos. La ley
romana expresa esa razón cuando dice: “Quum hi quibus alimenta relicta erant facile transigerent contenti
modico presenti”. (*) Si no se pone interdicción para disponer
de sus bienes o de sus derechos a los que se llaman pródigos, cesa la razón de
las leyes para prohibir las transacciones entre mayores de edad, sobre las
cuestiones de alimentos.
Comentario: (*) Texto que
corresponde a la L. 8, Tít. 15, Lib. 2, Digesto.
Art. 850. La transacción extingue los derechos y obligaciones que las partes hubiesen renunciado, y tiene para con ellas la autoridad de la cosa juzgada.
Nota: L. 34,Tít. 14, Part.
5ª; L. 20,Tít. 4, Lib. 2, Cód. Romano; Cód. Francés, artículo 2052; Sardo, 2091; Holandés 1895; de Luisiana, artículo 3045.
El principio que se halla en todos los Códigos, de que la transacción tiene
para las partes la autoridad de la cosa juzgada, es por la razón de que el
objeto de la transacción es establecer derechos que eran dudosos, o acabar pleitos
presentes, o futuros, y se juzga que las mismas partes hubiesen pronunciado
sentencia, sobre esos pleitos o derechos dudosos. De este antecedente se
originan consecuencias importantes que forman algunos de los artículos que
siguen.
Sin embargo, debe decirse que las transacciones difieren de las sentencias en
que ellas en sus cláusulas forman un todo indivisible y no pueden ser anuladas
en parte, mientras que las sentencias que hubiesen decidido muchos puntos
litigiosos son susceptibles de ser reformadas en algunos de estos puntos, y
confirmadas o llevadas a efecto en cuanto a los otros. Se ha observado también
con razón que no había una perfecta analogía entre la autoridad de las
transacciones y la autoridad de las sentencias. Las transacciones tienen muchas
veces más fuerzas que las sentencias y en otras menos, pues que ellas no puedan
ser atacadas por los mismos medios que las sentencias; y por otra parte, están
sujetas a causas de nulidad por las cuales las sentencias pasadas en cosa juzgada no pueden ser
atacadas. Véase sobre estas consideraciones Zachariæ § 768; Aubry y Rau, § 421; Troplong, n°s. 129 y sigts
(*).
Comentario: (*) Troplong, cita la
Ley única, Tít. 5, Lib. 2, Cód. Romano, De errore calculi;
Así, transcribe la frase: “habet speciem rei judicatae” del Cardenal de Luca, como del Discurso 19, n° 16. pero, no surge de él, sino que corresponde al Discurso 19, n° 6, como señala Dalloz, aunque, también, lo vemos en el Discurso 4, n° 6; Troplong cita, a H. Doneau, sobre la L. 20, Cód. Romano, De transactionibus; Troplong, cita a P. A. Fenet, tomo XV, pag. 96 y A. Favre, en "quanto majoris autoritatis est transactio quam res judicata".
Art. 851. La transacción hecha por uno de los interesados, ni perjudica ni aprovecha a tercero ni a los demás interesados, aun cuando las obligaciones sean indivisibles.
Nota al 851: Arg. de la L. 20,Tít. 22, Part. 3ª; L. 2,Tít. 60, Lib. 7, Cód. Romano; Cód. Francés, artículo 2051; Sardo, 2090; Holandés, 1894. Cuando las obligaciones son indivisibles, en contra Troplong n° 127; Aubry y Rau, § 421. El artículo del Cód. Francés no habla de este caso.
Jurisprudencia: El artículo 851 del Código Civil no hace más que reiterar, de modo sobreabundante, el principio general que surge de los arts. 1195 y 1199 del Código Civil, consagrando el efecto relativo de los contratos, con relación a las partes, sus herederos y sucesores universales, siendo inoponible a los terceros para quienes la transacción es un acto ajeno que no los puede perjudicar ni lo pueden invocar, salvo los casos previstos en los arts. 1161 y 1162 del Código Civil (SC, Buenos Aires).
Art. 852. La transacción entre el acreedor y el deudor extingue la obligación del fiador, aunque éste estuviera ya condenado al pago por sentencia pasada en cosa juzgada.
Nota al 852: Porque siempre y en todo caso la obligación del fiador es una obligación accesoria que no puede continuar, faltando la obligación principal.
Art. 853. La transacción hecha con uno de los deudores solidarios aprovecha a los otros, pero no puede serles opuesta: y recíprocamente, la transacción concluida con uno de los acreedores solidarios puede ser invocada por los otros, mas no serles opuesta sino por su parte en el crédito.
Nota al 853: Véase el artículo 2051 del Cód. Francés. Decimos que no puede serle opuesta, porque el deudor solidario puede mejorar la condición de sus cointeresados, pero no puede agravarla. Véase Aubry y Rau, § 421.
Art. 854. La evicción de la cosa renunciada por una de las partes en la transacción, o transferida a la otra que se juzgaba con derecho a ella, no invalida la transacción, ni da lugar a la restitución de lo que por ella se hubiese recibido.
Nota al 854: Lo contrario se dispone
en el artículo 1212 del proyecto de Freitas. Nuestro artículo
es enteramente conforme al Derecho Romano (L. 33, Código De transact.) El que
renuncia, aunque sea por un precio, a sus pretensiones sobre el objeto
litigioso que formaba la materia de la transacción, no cede este objeto mismo,
sino que lo deja simplemente a la otra parte con los derechos que éste
pretendía tener sobre él. Hemos establecido como base del artículo 636 que la transacción
no es un acto jurídico que transmite derechos, sino que meramente los reconoce.
Este reconocimiento que haga una de las partes de los derechos que la otra
alega, no la pone en el caso del que por un precio hubiese traspasado el
dominio incuestionable que tenía en la cosa y que lo hace responsable en caso
de evicción.
Igual artículo al nuestro fue propuesto en el proyecto del Cód. Francés, y
después de una gran discusión fue suprimido, Pero los legisladores franceses no
resolvieron lo contrario, y en esta ocasión hicieron lo que siempre se nota en
las discusiones de este Código, que cuando la dificultad es grande se pasa por
ella y nada se dispone. La disposición del artículo es la doctrina de Pothier, De la Vente, n° 647; de Troplong, n°
12, (*) y de Aubry y Rau, § 421,
nota 14 (**).
Comentario: (*) Troplong, cita a J. Voet, De evictionib. n° 10; (**) Aubry y Rau, citan a Locré, en Leg. tomo XV, p. 405.
Art. 855. La parte que hubiese transferido a la otra alguna cosa como suya en la transacción, si el poseedor de ella fuese vencido en juicio, está sujeta a la indemnización de pérdidas e intereses; pero la evicción sucedida no hará revivir la obligación extinguida en virtud de la transacción.
Art. 856. Si una de las partes en la transacción adquiere un nuevo derecho sobre la cosa renunciada o transferida a la otra que se juzgaba con derecho a ella, la transacción no impedirá el ejercicio del nuevo derecho adquirido.
Nota al 856: Cód. Francés, artículo 2050; Sardo, 2089; Holandés, 1893.
Art. 857. Las transacciones hechas por error, dolo, miedo, violencia o falsedad de documentos, son nulas, o pueden ser anuladas en los casos en que pueden serlo los contratos que tengan estos vicios.
Nota al 857: L. 65,Tít. 6, Lib. 12, Digesto; LL. 2, 19 y 29, Lib 2, C. Romano, De transactionibus. La transacción es un contrato como está establecido en el art. 832 y en todos los Códigos publicados. Por consiguiente, son nulas o anulables por las causas que lo fuesen los contratos. Sin embargo, muchos jurisconsultos, sin desconocer el principio, ponen otro al lado de él, que las transacciones son como las cosas juzgadas respecto de los objetos sobre que versan, y que así sólo pueden ser anuladas en los casos en que pueden serlo las sentencias pasadas en cosa juzgada. Esta es una exageración de una simple paridad de la cosa juzgada con la transacción, paridad inexacta o que tiene muchas excepciones, como lo hemos advertido en la nota al art. 850.
Art. 858. La transacción es rescindible cuando ha tenido por objeto la ejecución de un título nulo, o de reglar los efectos de derechos que no tenían otro principio que el título nulo que los había constituido, hayan o no las partes conocido la nulidad del título, o lo hayan supuesto válido por error de hecho o por error de derecho. En tal caso la transacción podrá sólo ser mantenida, cuando expresamente se hubiese tratado de la nulidad del título.
Art. 859. La transacción puede ser rescindida por el descubrimiento de documentos de que no se tuvo conocimiento al tiempo de hacerla, cuando resulta de ellos que una de las partes no tenía ningún derecho sobre el objeto litigioso.
Nota al 859: Cód. Francés, artículo 2057; Sardo, 2096; Holandés 1900; Luisiana, artículo 3050; Zachariæ § 769. En contra: L. 19, Tít. 4, Lib. 2, Cód. Romano: “Sub prætextu instrumenti post reperti transactionem bona fide finitam rescindi, jura non patiuntur”, Lo mismo el Cód. de Austria, artículo 1387, que dispone así: "El descubrimiento de nuevos títulos no invalida la transacción si es de buena fe". Lo mismo Goyena artículo 1728, fundado en las leyes que declaran que las sentencias no se revocan por instrumentos nuevamente hallados, y que las transacciones tienen la autoridad de la cosa juzgada.
En el conflicto de estas autoridades, adoptamos la doctrina del Cód. Francés, porque en justicia y en equidad nada pierde por la anulación de la transacción el que no tenía en verdad derecho para recibir lo que por ella se le hubiese dado o reconocido, aunque pudiera fundarse en el derecho estricto de los contratos".
Art. 860. Es también rescindible la transacción sobre un pleito que estuviese ya decidido por sentencia pasada en cosa juzgada, en el caso que la parte que pidiese la rescisión de la transacción hubiese ignorado la sentencia que había concluido el pleito. Si la sentencia admitiese algún recurso, no se podrá por ella anular la transacción.
Nota: L. 7,Tít. 15, Lib. 2, Digesto; L, 23,Tít. 6, Lib. 12, Digesto; C. Francés, artículo 2056; Sardo, 2085; Holandés 1899; de Luisiana, artículo 3049.
Art. 861. La transacción sobre una cuenta litigiosa no podrá ser rescindida por descubrirse en ésta errores aritméticos. Las partes pueden demandar su rectificación, cuando hubiese error en lo dado, o cuando se hubiese dado la parte determinada de una suma, en la cual había un error aritmético de cálculo
Nota al 861: Léase las L. 19, Tít. 22 y L. 4,Tít. 26, Part. 3ª; L. 1,Tít. 8, Lib. 49, Digesto - L. 2,Tít. 52, Lib. 7, Cód. Romano.