Art. 1. La transmisión del dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado y sólo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
Art. 2. La inscripción de buena fe de un automotor en el Registro confiere al titular de la misma la propiedad del vehículo y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si el automotor no hubiese sido hurtado o robado.
Art. 3. Si el automotor hubiese sido hurtado o robado, el propietario podrá reivindicarlo contra quien lo tuviese inscripto a su nombre, debiendo resarcirlo de lo que hubiese abonado si la inscripción fuera de buena fe y conforme a las normas establecidas por este decreto-ley.
Art. 4. El que tuviese inscripto a su nombre un automotor hurtado o robado, podrá repeler la acción reivindicatoria transcurridos dos años de la inscripción, siempre que durante ese lapso lo hubiese poseído de buena fe y en forma continua.
Cuando un automotor hurtado o robado hubiera sido adquirido con anterioridad a la vigencia del presente en venta pública o en comercio dedicado a la venta de automotores, el reivindicante deberá resarcir al poseedor de buena fe del importe pagado en la venta pública o en el comercio en que lo adquirió. El reivindicante podrá repetir lo que pagase, contra el vendedor de mala fe. (Según Ley Nº 22.977)
Art. 5. A los efectos del presente Registro, serán considerados automotores los siguientes vehículos: automóviles; camiones, inclusive los llamados tractores para semirremolque; camionetas, rurales; jeeps; furgones de reparto; ómnibus; microómnibus y colectivos, sus respectivos remolques y acoplados, todos ellos aún cuando no estuvieran carrozados, las máquinas agrícolas incluídas tractores, cosechadoras, grúas, maquinarias viales y todas aquellas que se autopropulsen. El Poder Ejecutivo podrá disponer por vía de reglamentación, la inclusión de otros vehículos automotores en el régimen establecido. (Según Ley N° 24.673)
Art. 6. Será obligatoria la inscripción del dominio en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, de todos los automotores comprendidos en el artículo anterior, de acuerdo con las normas que al efecto se dicten.
La primer inscripción del dominio de un automotor, se practicará en la forma que lo determine la reglamentación.
A todo automotor se le asignará al inscribirse en el Registro por primera vez, un documento individualizante que será expendido por el Registro respectivo y se denominará "Título del Automotor". Este tendrá carácter de instrumento público respecto de la individualización del automotor y de la existencia en el Registro de las inscripciones que en él se consignen, pero sólo acreditará las condiciones del dominio y de los gravámenes que afecten al automotor, hasta la fecha de anotación de dichas constancias en el mismo. (Según Ley Nº 22.977)
Art. 7. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios será el organismo de aplicación del presente régimen, y tendrá a su cargo el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
El Poder Ejecutivo Nacional reglará la Organización y el funcionamiento del mencionado Registro conforme a los medios y procedimientos técnicos más adecuados para el mejor cumplimiento de sus fines. Asimismo determinará el número de secciones en las que se dividirá territorialmente el Registro y fijará los límites de cada una de ellas a los efectos de las inscripciones relativas a los automotores radicados dentro de las mismas; podrá crear o suprimir secciones, y modificar sus límites territoriales de competencia.
En los registros seccionales se inscribirá el dominio de los automotores, sus modificaciones, su extinción, sus transmisiones y gravámenes. También se anotarán en ellos los embargos y otras medidas cautelares, las denuncias de robo o hurto, y demás actos que prevea este cuerpo legal o su reglamentación.
El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer que determinadas inscripciones o anotaciones se cumplan ante la Dirección Nacional, en forma exclusiva o concurrente con los registros seccionales, cuando fuere aconsejable para el mejor funcionamiento del sistema registral. (Según Ley Nº 22.977).
Art. 8. La Dirección Nacional controlará el funcionamiento de los registros seccionales, realizará las tareas registrales específicas que determine la reglamentación, y dispondrá el archivo ordenado de copias de los instrumentos que se registren.
Con observancia de los requisitos que se reglamenten podrán ser microfilmados dichos instrumentos y los respectivos antecedentes que se archiven; los microfilmes autenticados por el director nacional o el funcionario que se designe tendrán a los fines registrales la misma validez que los originales. (Según Ley Nº 22.977).
Art. 9. Los trámites que se realicen ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, deberán abonar el arancel que fije el Poder Ejecutivo Nacional, salvo los casos expresamente exceptuados por la reglamentación.
No podrá restringirse o limitarse la inmediata inscripción del dominio de los automotores o de sus transmisiones, por normas de carácter administrativo ajenas a los aranceles del Registro. Las personas físicas o jurídicas registrados en el organismo de aplicación como comerciantes habituales en la compraventa de automotores, deberán inscribir a su nombre los automotores usados que adquieran para la reventa posterior. En tal caso no abonarán arancel alguno por el acto y por su inscripción, siempre que dentro de los noventa días contados desde esta última reventa se realice e inscriba. Si ello no ocurre, el arancel se deberá abonar dentro de los cinco días de vencido dicho plazo; y a partir del sexto día el arancel se incrementará con el recargo por mora que fije el Poder Ejecutivo Nacional.
El beneficio que otorga este artículo no regirá cuando el adquirente y el vendedor sean comerciantes habituales, y éste último haya hecho uso de la exención al efectuar su adquisición. El organismo de aplicación establecerá los requisitos que deberán cumplir los interesados para inscribirse como comerciantes habituales en la compraventa de automotores, y las causas por las cuales se suspenderá o cancelará esa inscripción. (Según Ley Nº 22.977).
Art. 10. En las inscripciones del dominio de automotores nuevos el Registro deberá protocolizar con la solicitud respectiva la documentación o certificado de origen, si se trata de un automotor fabricado en el país, o el certificado aduanero, si se tratara de un vehículo importado. En el caso de automotores armados fuera de fábrica, o de sus plantas de montaje, deberá justificarse fehacientemente el origen de los elementos utilizados y verificarse los mismos por el Registro.
La inscripción de los automotores abandonados, perdidos, secuestrados o decomisados, cuya enajenación realicen los organismos públicos de cualquier jurisdicción o bancos oficiales facultados para ello, se efectuará a nombre de los adquirentes acompañando el certificado que a tal efecto expida el ente enajenante y cuyo texto aprobará la autoridad de aplicación. (Segundo párrafo incorporado por Ley N° 22.130)
Art. 11. El automotor tendrá como lugar de radicación para todos sus efectos, el del domicilio del titular del dominio o el de su guarda habitual. Tales circunstancias se acreditarán mediante los recaudos que establezca la autoridad de aplicación. (Según Ley N° 20.167)
Art. 12. El cambio de radicación
de un automotor podrá ser solicitado:
a) Por el titular de su dominio,
presentando a tal efecto el título del automotor;
b) Por el adquirente radicado en otra jurisdicción que justifique su
interés mediante la presentación de la solicitud tipo de inscripción a que hace
referencia el artículo 14.
En caso de existir medidas judiciales precautorias sobre el automotor cuyo
cambio de radicación se gestiona, sólo podrá autorizarse dicho cambio cuando obren
en poder del Registro la correspondiente orden judicial.
El cambio de radicación no se tendrá por realizado, hasta tanto no se reciba en
el Registro Seccional de la nueva radicación el legajo del automotor donde
consten sus antecedentes, inscripciones y anotaciones, el que deberá ser
remitido dentro de los tres (3) días de peticionado. La remisión del legajo
podrá ser suplida por otros medios de información, cuando los adelantos técnicos así lo permitan.
En tal caso, por vía reglamentaria se determinarán dichos medios de
información, y la oportunidad en que se tendrá por realizado el cambio de
radicación. (Según Ley Nº 22.977).
Art.
13. Los
pedidos de inscripción o anotación en el Registro, y en general los trámites
que se realicen ante él, sólo podrán efectuarse mediante la utilización de las
solicitudes tipo que determine el Organismo de Aplicación, el que fijará su
contenido y demás requisitos de validez.
Cuando las solicitudes tipo no se suscribieren por los interesados ante el
Encargado de Registro, deberán presentarse con las firmas certificadas en la forma y por las personas
que establezca el Organismo de Aplicación.
Dichas solicitudes serán expedidas gratuitamente por el Organismo de Aplicación
o los Registros Seccionales, según ante quien se realice el trámite, y deberán
ser presentados ante ellos por los interesados dentro de los noventa (90) días
de su expedición. Vencido ese plazo perderán su eficacia, excepto cuando
instrumentaren el otorgamiento de derechos, en cuyo caso una vez vencidos los
noventa (90) días, abonan un recargo progresivo de arancel por mora de acuerdo a lo que fije el Poder Ejecutivo Nacional. Lo
dispuesto en este párrafo no será aplicable a las solicitudes tipo por las
cuales se peticione la inscripción inicial de automotores nuevos de fabricación
nacional.
Los encargados de Registros, y demás personas con facultad certificante, no
podrán válidamente certificar firmas en solicitudes que han perdido su
eficacia, y las que hicieren en violación de esta norma carecerán de valor,
ello sin perjuicio de las sanciones a que pudiere dar lugar esa transgresión.
Si las solicitudes tipo no se encontraren suscriptas por las partes o por sus
representantes legales, el apoderado interviniente deberá acreditar su
personería mediante mandato
otorgado por escritura
pública.
Los mandatos para hacer transferencias de automotores, o para realizar trámites
o formular peticiones ante el Registro o el Organismo de Aplicación, caducarán a los noventa
(90) días de su otorgamiento, excepto cuando las facultades aludidas estén
contenidas en poderes generales o se tratare de poderes para interponer
recursos administrativos o judiciales.
Art.
14.
Los contratos de transferencia de automotores que se formalicen por instrumento
privado, se
inscribirán en el Registro mediante la utilización de las solicitudes tipo
mencionadas en el artículo anterior, suscriptos por las partes.
Cuando la transferencia se formalice por instrumento público o haya sido
dispuesto por orden
judicial o administrativa, se presentará para su
inscripción junto con el testimonio u oficio correspondiente, la solicitud tipo de
inscripción suscripta por el escribano autorizante o por la autoridad judicial o
administrativa.
En todos los casos se presentará el título de propiedad del automotor.
En las transferencias dispuestas por autoridad judicial , se transcribirá
textualmente la parte pertinente del auto que la ordena.
Un duplicado del contrato de transferencia será presentado por el adquirente
ante la Municipalidad del lugar donde quedare radicado el vehículo.
Art.
15. La
inscripción en el Registro de la transferencia de la propiedad de un automotor,
podrá ser peticionada por cualquiera de las partes. No obstante, el adquirente
asume la obligación
de solicitarla dentro de los diez (10) días de celebrado el acto, mediante la
presentación de la solicitud prescripta en los artículos 13 y 14. En caso de
incumplimiento de esta obligación, el transmitente podrá revocar la autorización para circular con el automotor que, aún implícitamente mediante la entrega de la documentación
a que se refiere el artículo 22, hubiere otorgado al adquirente, debiendo comunicar
esa circunstancia al Registro, a los efectos previstos en el artículo 27.
Será nula toda cláusula que prohíba o limitó esta facultad. Idéntico derecho
tendrá el propietario de un automotor que por cualquier título hubiese
entregado su posesión o tenencia, si el poseedor o tenedor no inscribe su
título en el Registro en el plazo indicado en este artículo.
El encargado del Registro ante el cual se peticione la inscripción de la
transferencia deberá verificar que las constancias del título concuerden con
las anotaciones que obren en el Registro y procederá a la registración dentro
de las veinticuatro (24) horas de serle presentada la solicitud.
Una vez hechas la inscripción el encargado del Registro dejará constancia de
ella en el título del automotor, en el cual actualizará también las demás
anotaciones que existan en el mismo.
Art.
16. A
los efectos de la buena fe
previstos en los artículos 2, 3 y 4 del presente, se presume que los que
adquieren derechos sobre un automotor, conocen las constancias de su
inscripción y de las demás anotaciones que respecto de aquél obran en el
Registro de la Propiedad del Automotor, aún cuando no
hayan exigido del titular o del disponente del bien, la exhibición del certificado de dominio
que se establece en este artículo.
El Registro otorgará al titular de dominio o a la autoridad judicial que lo
solicite un certificado de las constancias de su inscripción y demás
anotaciones que existan el que tendrá una validez de quince (15) días
a partir de la fecha de su emisión y de cuyo libramiento se dejará nota en sus
antecedentes. Este certificado podrá ser requerido al titular del dominio en las
transferencias del automotor o en la constitución del gravamen, por los interesados en dichas
operaciones, las que se inscribirán dentro del plazo de validez.
Durante el mismo plazo de validez, los embargos
y demás anotaciones que se soliciten con respecto al automotor tendrán carácter
condicional y sólo quedarán firmes y producirán sus efectos legales una vez
vencido dicho plazo, siempre que no hayan modificado el dominio o la situación
jurídica del automotor. Idéntico plazo de validez tendrá el certificado a que
se refiere el artículo 18 del decreto ley 15.348/46, ratificado por Ley N° 12.962, en
los casos de transferencia de automotores sometidos al régimen presente.
Art. 17. La inscripción de un embargo sobre un automotor caducará a los tres (3) años de su anotación en el Registro.
La inscripción de una inhibición general en el Registro Nacional de Propiedad del Automotor caducará de pleno derecho a los cinco (5) años de su anotación en el Registro. (Párrafo según Ley 25.677)
Art. 18. El Estado responde de los daños y perjuicios emergentes de las irregularidades o errores que cometan sus funcionarios en inscripciones, certificados o informes expedidos por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
Art. 19. Cuando el Poder
Ejecutivo Nacional disponga que las prendas sobre automotores se inscriban en el Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor, se aplicarán las siguientes normas:
a) La
inscripción de la prenda con registro, sus anotaciones posteriores,
certificaciones, cancelaciones y demás trámites establecidos por el decreto ley
15348/46, ratificado por ley 12962, que afecten automotores incorporados al
régimen del presente decreto ley, se efectuarán en el Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor, de acuerdo con las disposiciones de los incisos
siguientes y de las que en su cumplimiento dicte la autoridad de aplicación;
b) La prenda sobre automotores se registrará con sujeción a las normas del
presente decreto ley y su reglamentación. Los trámites posteriores
relativos al gravamen constituído,
se ajustarán a las disposiciones del decreto ley 15348/46;
c) El Registro Nacional de la Propiedad Automotor llevará un registro de
acreedores prendarios, que actuarán como tales ante el organismo de acuerdo con
el artículo 5 del decreto ley 15348/46;
d) La anotación de los endosos de contratos de prenda deberá hacerse en el
Registro Seccional donde se haya inscripto el contrato, pero el Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor (Registro 1 de la Capital Federal)
podrá, a requerimiento de los interesados, aunque el contrato esté inscripto en
otro registro, anotar los endoso y cancelaciones previa notificación, al
registro de origen, de los datos necesarios, siendo por cuenta del solicitante
los gastos respectivos;
e) Las certificaciones y trámites ulteriores correspondientes a contratos de
prenda inscriptos hasta el día anterior al cambio de régimen que disponga el
Poder Ejecutivo Nacional, seguirán a cargo del Registro Nacional de Créditos
Prendarios.
Art. 20. El título del
automotor a que se refiere el artículo 6 deberá contener los datos siguientes:
a) Lugar y fecha de expedición;
b) Número asignado en su primera inscripción;
c) Elementos de individualización del vehículo, los que serán determinados por
la reglamentación, incluyendo: marca de fábrica, modelo, número de chasis y/o
motor, tipo de combustible empleado, número de
ejes, distancia entre los mismos, número de ruedas en cada eje, potencia en
caballos de fuerza, tipo de tracción, peso del vehículo vacío, tipo de carrocería,
capacidad portante;
d) Indicación de si se destinará a uso público o privado;
e) Nombre y apellido,
nacionalidad, estado civil,
domicilio y
documento de identidad
del primer titular de dominio
inscripto;
f) Indicación de los instrumentos y/o elementos probatorios en virtud de los
cuales se anota el dominio;
g) Modificaciones introducidas al vehículo siempre que ellas alteren algunos de
los datos previstos en el inciso c).
Deberán consignarse, además, en el título del automotor, las constancias de
inscripción en el Registro de instrumentos públicos o privados:
1) de prenda o locación referentes al vehículo, con indicación del nombre,
apellido y domicilio del acreedor o locatario, plazo y monto de la obligación
prendaria;
2) de transferencia de dominio, con los datos personales, domicilio y
documentos de identidad del adquirente;
3) de toda inscripción que afecte el dominio, posesión o uso del automotor, que
estuviere vigente al presentarse el título en el registro y no figurase en él.
Art. 21. En caso de pérdida, extravío o destrucción involuntaria, deficiente conservación o alteración material derivada exclusivamente del título o en cualquier otro caso en que, sin mediar la comisión de un delito, dicho documento quedara en condiciones ilegibles o motivara dudas acerca de su legitimidad, el Registro Nacional de la Propiedad Automotor expedirá un duplicado con indicación de la causa, y constancias de todas las inscripciones vigentes en el registro, debiendo, en su caso, retener el ejemplar inutilizado.
Art. 22. Sin perjuicio de la expedición del título a que se refiere el artículo 20, conjuntamente con la inscripción originaria, o con cada una de las correspondientes a las sucesivas transferencias de dominio, el Registro entregará al titular del automotor una o más cédulas de identificación de éste, en las que se consignarán los datos que, con respecto al automotor y a su propietario, establezca la autoridad de aplicación. Dichas cédulas deberán ser devueltas por el enajenante del automotor, expidiéndose nuevas para el adquirente. Su tenencia acreditará derecho a autorización para usar el automotor, pero no eximirá de la obligación de justificar la habilitación personal para conducir. La cédula, la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor, y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo. Será obligatorio exhibir esos documentos a la autoridad competente, pero no podrán ser retenidos si no mediare denuncia de hurto o robo del automotor u orden de autoridad judicial.
Art. 23. El Organismo de
aplicación determinará los distintos tipos de cédulas que se expedirán, su término
de vigencia y forma de renovación. También podrá requerir la colaboración de
las autoridades que determine el Poder Ejecutivo Nacional para controlar que
los automotores circulen con la documentación correspondiente, para verificar
cambios o adulteraciones en las partes que lo conforman como tal, y para
fiscalizar que las transferencias se inscriban en el Registro dentro del
término fijado por esta ley. Asimismo, podrá disponer la exhibición de los
automotores y su documentación y la presentación de declaraciones juradas al
respecto.
El que se negare a exhibir a la autoridad competente la cédula de
identificación del automotor, o que no justificare fehacientemente la imposiblidad material de suministrarla, será sancionado por
el Organismo de Aplicación con una multa equivalente al precio de diez (10) a doscientos (200) litros de nafta común.
Art. 24. Cada automotor, durante su existencia como
tal, se identificará en todo el país con una codificación de dominio formada por letras
y números, la que deberá figurar en el título y demás documentación. Dicha
codificación deberá ser reproducida en placas de identificación visibles
exteriormente, que se colocarán en las partes delantera y trasera del
automotor.
La autoridad de aplicación podrá establecer, además, otros medios de
identificación que considere viables y convenientes.
Art. 25. Las características de la placa de identificación prevista en el artículo anterior, serán determinadas por la reglamentación, dentro del sistema de combinación de letras y números blancos sobre fondo negro.
Art. 26. La reglamentación determinará la forma de aplicar el sistema único de individualización estatuido en el presente decreto ley.
Art.
27. Hasta
tanto se inscriba la transferencia el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor,
en su carácter de dueño de la cosa. No obstante, si con anterioridad al hecho
que motivare su responsabilidad, el transmitente hubiere comunicado al Registro
que hizo tradición del automotor, se reputará que el adquirente o quienes de
este último hubiesen recibido el uso, la tendencia o la posesión de aquél,
revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quienes él no
debe responder, y que el automotor fue usado en contra de su voluntad. La
comunicación prevista en este artículo, operará la revocación de la autorización
para circular con el automotor, si el titular la hubiere peticionado, e
importara su pedido de secuestro,
si en un plazo de treinta (30) días el adquirente no iniciare su tramitación.
El Registro notificará esa circunstancia al adquirente, si su domicilio fuere
conocido. Una vez transcurrido el plazo mencionado o si el domicilio resultase
desconocido, dispondrá la prohibición de circular y el secuestro del automotor.
El automotor secuestrado quedará bajo depósito, en custodia del organismo de aplicación, quien lo
entregará al adquirente cuando acredite haber realizado la inscripción y previo
pago del arancel de rehabilitación para circular y de los gastos de estadía que
hubiere ocasionado.
Una vez efectuada la comunicación, el transmitente no podrá hacer uso del
automotor, aunque le fuese entregado o lo recuperase por cualquier título o
modo sin antes notificar esa circunstancia al Registro. La violación de esa
norma será sancionada con la pena prevista en el artículo.
Además los registros seccionales del lugar de radicación del vehículo notificarán a las distintas reparticiones oficiales provinciales y/o municipales la denuncia de la tradición del automotor, a fin de que procedan a la sustitución del sujeto obligado al tributo (patente, impuestos, multas, etcétera) desde la fecha de la denuncia, desligando a partir de la misma al titular trasmitente.(párrafo según Ley N° 25.232).
Art. 28. El propietario del automotor que resuelva retirarlo definitivamente del uso por no estar en condiciones de servir para su destino específico, deberá dar inmediata cuenta a la autoridad competente, quien procederá a retirar el título respectivo y practicará las anotaciones pertinentes en el registro. La autoridad policial y las compañías aseguradores deberán igualmente comunicar al Registro los siniestros que ocurrieran a los automotores, siempre que éstos sean de tal naturaleza que altere sustancialmente las características individualizantes de los mismos.
Art. 29. El propietario que resuelva desarmar el vehículo de su propiedad para usar el material por partes, alterando el destino natural del vehículo, deberá comunicarlo a la autoridad competente con las mismas previsiones dispuestas en el artículo anterior.
Art. 30. Las aduanas de la Nación no darán curso a los trámites tendientes a la exportación de automotores comprendidos en las disposiciones del presente decreto ley, sin que medie la exhibición del título e informe del registro sobre las condiciones del dominio y la existencia de gravámenes. Una vez autorizada por éste la exportación, previa aprobación judicial en su caso, las aduanas retendrán el título del automotor y lo remitirán al registro correspondiente. Iguales requisitos deberán cumplirse con los automotores que salgan temporariamente del país con fines turístico, sin que, en cambio, se les retenga el título, dejándose solamente constancia en éste de la autorización para salir de la República.
Art. 31. Los propietarios de vehículos introducidos al país en forma temporal deberán dar cumplimiento a los recaudos exigidos por el presente decreto ley en los casos en que dicha introducción se considere efectuada con carácter definitivo. La reglamentación determinará las circunstancias que darán lugar a la aplicación de la norma anterior.
Art. 32. Los automotores nuevos, sean importados o fabricados en el país, mientras se hallen en poder de los importadores, fabricantes o concesionarios, solamente podrán circular antes de su comercialización munidos de una placa provisoria. También podrán hacerlo, cuando se hallen en poder de los adquirentes, durante el período de inscripción. La autoridad de aplicación determinará los requisitos y la forma de uso de las placas provisorias.
Art. 33. Para satisfacer exigencias de la policía de seguridad y a efectos de cumplir fines estadísticos, los Registros remitirán al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor informes periódicos de las inscripciones cumplidas ante cada uno de ellos. Idéntica información se remitirá a la Policía Federal y a los ministerios técnicos que lo soliciten.
Art. 34. Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años, siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado, el que insertare o hiciere incorporar en las solicitudes tipo o comunicaciones presentadas ante el Organismo de Aplicación o los Registros Seccionales declaraciones falsas, concernientes a hechos o circunstancias que tales documentos deban probar.
Art. 35. Todos los términos establecidos en el presente decreto ley se computarán en días hábiles.
Art. 36. Los jefes de los
Registros Seccionales dependientes de los Registros Nacionales de la Propiedad
del Automotor y de Créditos Prendarios, serán designados y removidos por el
Poder Ejecutivo a propuesta de la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, y
permanecerán en sus cargo mientras mantengan su idoneidad y buena conducta.
Podrán ser removidos, previa instrucción de sumario con audiencia del
interesado por las siguientes causas:
a) Abandono del servicio sin causa justificada;
b) Falta grave de respeto al superior o al público;
c) Ser declarado en concurso
civil o quiebra, salvo que concurran circunstancias atendibles;
d) Inconducta notoria;
e) Delito que no se refiera a la Administración Pública, cuando el hecho sea doloso y de naturaleza
infamante;
f) Falta grave que perjudique material o moralmente a la Administración
Pública;
g) Delito contra la Administración Pública;
h) Incumplimiento de ordenes legales;
i) Negligencia manifiesta o faltas reiteradas en el cumplimiento de sus
funciones;
j) Indignidad moral.
Además, podrán ser removidos cuando se resuelva la supresión del cargo que
desempeñan.
Art. 37. Las decisiones de los
Encargados de Registro en materia registral, podrán ser recurridas ante la Cámara Federal de Apelaciones con
competencia
territorial en el lugar donde tenga su asiento el Registro Seccional contra
cuya decisión se recurre. En Capital Federal será competente la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal.
También podrá recurrirse ante el tribunal mencionado en último término, de las
decisiones del Organismo de Aplicación en cuestiones de materia registral,
relativas a conflictos o casos de carácter individual, o en los supuestos de
cancelación o suspensión en el registro de los comerciantes habituales
previstos en el artículo 9 o de aplicación de sanciones de multa contemplado en el
artículo 23.
Las actuaciones se elevarán al Tribunal por intermedio del Organismo de
aplicación. Cuando el recurso se interpusiere contra una decisión de este
último se hará por intermedio del Ministerio de Justicia.
El Poder Ejecutivo reglamentará los procedimientos y plazos para interponer el
recurso y sustanciar su trámite.
El plazo para dictar sentencia será de sesenta (60) días hábiles judiciales
desde que se encuentre firma el llamamiento de autos.
Dentro del plazo que el Poder Ejecutivo establezca para remitir las actuaciones
el Tribunal, quien dictó la resolución recurrida podrá revocarla por contrario
imperio. Dentro del mismo plazo, el Organismo de aplicación, cuando se tratare
de decisiones de los Encargados de Registro, o el Ministerio de Justicia,
cuando se trate de decisiones de este último, podrán dejar sin efecto el acto
impugnado.
Art. 38. El Organismo de aplicación queda legitimado para iniciar acciones con el objeto de obtener la declaración de nulidad de las inscripciones registrales o de los documentos que las acrediten.
Art. 39. Será reprimido con prisión de uno a seis años, siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado, el que insertare o hiciere incorporar en las solicitudes tipo o comunicaciones presentadas ante el organismo de aplicación o los registros seccionales declaraciones falsas, concernientes a hechos o circunstancias que tales documentos deban probar. (incorporado por Ley Nº 22.977) Derogado por Ley N° 24.721.
Art. 40. Los jefes de los
registros seccionales dependientes de los Registros Nacionales de la Propiedad
del Automotor y de Créditos Prendarios, serán designados y removidos por el
Poder Ejecutivo a propuesta de la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y
permanecerán en sus cargos mientras mantengan su idoneidad y buena conducta.
Podrán ser removidos, previa instrucción de sumario con audiencia del
interesado por las siguientes causas:
a) Abandono del servicio sin causa justificada;
b) Falta grave de respeto al superior o al público;
c) Ser declarados en concurso civil o quiebra, salvo que concurran
circunstancias atendibles;
d) Inconducta notoria;
e) Delito que no se refiera a la administración pública, cuando el hecho sea doloso y de naturaleza
infamante;
f) Falta grave que perjudique material o moralmente a la Administración
Pública;
g) Delito contra la Administración Pública;
h) Incumplimiento de órdenes legales;
i) Negligencia manifiesta o faltas reiteradas en el cumplimiento de sus
funciones;
j) Indignidad moral.
Además, podrán ser removidos cuando se resuelva la supresión del cargo que
desempeñan.